Texto publicado por TifloFernando

Muy buenas amigos y amigas lectores y lectoras habituales de mis Publicaciones en BlindWorlds:

Comparto con vosotros un Tema de extraordinaria importancia, para los que solemos Publicar en esta Web...

El día 13/02/2018, leí en el Diario Digital del CERMI, un Artículo que me produjo una gran conmoción:

"La ONU ve con preocupación la situación de la infancia con discapacidad en España, aún muy lejos de la plenitud de derechos"

Y aunque son extraordinarios los esfuerzos realizados en mejorar la Discapacidad, sobre todo desde la infancia; Al parecer no se hace bastante en nuestra Sociedad.

Recurrí pues a las catacumbas de mi PC, en busca de material suficiente que aportar a este Tema.

Y lo primero que encontré fué el siguiente Post del Periódico Solidaridad Digital...

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«Menores con discapacidad, ¿menores derechos?

Nunca se ha abordado la cuestión de manera global

Blanca Abella / Madrid- 20/01/2012

En nuestro país hay muchísima normativa de infancia y adolescencia, sobre todo a raíz de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, sin embargo, los derechos de los menores con discapacidad no están suficientemente garantizados, siguen adscritos a un sistema médico, a un modelo de asistencia sanitaria donde la educación, entre otros temas, queda al margen.

Mª José Alonso Parreño, abogada, autora del informe “Propuestas de mejora del marco normativo de los menores con discapacidad en España”, asegura que se trata de un problema antiguo:

“hasta ahora no se ha prestado suficiente atención a las necesidades de los niños con discapacidad, no se ha abordado la cuestión desde un punto de vista global”.

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El modelo tradicional que “muchas veces daba a la discapacidad una explicación de karma o pecado, era muy frecuente el asesinato de los bebés con discapacidad, la ocultación mediante el encierro por las propias familias o el abandono de niños que conducía a que mendigaran. Algunos eran empleados como bufones en la Corte”.

Más tarde comenzó a instalarse lo que se conoce como modelo médico, que perseguía la idea de “curar a los niños con discapacidad”. Comenzó con un afán de protección, de caridad, lo que supuso ofrecer alojamiento y manutención en orfanatos, y luego con el avance de la ciencia médica un intento de convertirles en “normales”.

Tomando como punto de partida lo que las personas con discapacidad no podían hacer, se les clasificó en categorías, por tipo y grado de deficiencia y en consecuencia, se les etiquetó, separó y se les trató de manera diferente a los demás, sin discapacidad. En el caso de los niños, ello supuso el uso excesivo de la hospitalización y la creación de colegios de educación especial.

Y finalmente, aparece el modelo social cuando las propias personas con discapacidad cuestionaron el modelo médico. Como consecuencia, el foco de atención se ha movido, se ha pasado de localizar el problema en las personas y en sus deficiencias permanentes a examinar las barreras en las actitudes, en la organización y en el entorno, que niegan a las personas con discapacidad el acceso a una vida normal en la cultura y en la sociedad en la que vivimos.

Este modelo social es el que defiende la Convención de la ONU y las principales entidades de la discapacidad, dejando claro, eso sí, que un modelo social no desprecia la intervención médica ni la rehabilitación sino que insiste en la importancia de cuestionar y derribar las barreras que discapacitan a las personas, en lugar de intentar que esas personas con discapacidad se adapten a esa sociedad que la discrimina.

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La legislación educativa española, según explica Parreño, sí contempla la discapacidad, “pero con un modelo todavía médico, porque el acceso a la inclusión educativa no está garantizado para todos los niños y la calidad que posibilite su permanencia y éxito en el sistema ordinario tampoco”.

Quizás se entiende como una cuestión menor, a pesar de su importancia: “la educación es crucial y no hay tiempo que perder” afirma la abogada, y añade: “hay medidas que pueden tomarse de manera inmediata, como por ejemplo el dar a las familias el derecho garantizado a escolarizar a su hijo en una aula ordinaria, pero conseguir que todos los niños reciban los apoyos personalizados que precisan con arreglo a sus necesidades individuales, en el aula ordinaria y con el profesor ordinario formado, es algo que necesariamente llevará varios años”.

Son muchos los años que ya se han recorrido en este sentido, sin un resultado muy bueno, sin grandes avances a pesar del largo camino, como explica Parreño: “la integración empezó a partir de la Lismi en 1982, así que llevamos casi 30 años de proceso, en el cual se percibe un estancamiento. Lo principal es entender que en la idea de inclusión están incluidos todos los niños con discapacidad, es decir, dar acceso al aula ordinaria a todos los menores con discapacidad, incluidos los que tienen mayores necesidades de apoyo y mejorar la calidad de la educación que se imparte a los menores con discapacidad en aula ordinaria proporcionando apoyos verdaderamente individualizados y garantizando los sistemas alternativos de comunicación que precise cada alumno fuera cual fuese el tipo de su discapacidad”.

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La falta de apoyo y reconocimiento a los menores con discapacidad y a sus familias es algo evidente, parte de las propias normas y afecta a muchas facetas de la vida de estas familias.

¿Es un problema de falta de sensibilidad?, ¿de conocimiento?; ¿compromiso?; ¿voluntad?...

según la experta, Mª José Alonso Parreño, “falta compromiso y sobre todo falta creencia en que un niño con discapacidad también representa el futuro y también constituye una oportunidad de mejorar nuestra sociedad”.».

Texto extraído del Periódico:

Solidaridad Digital. El diario de la discapacidad
(www.solidaridaddigital.es)

Solidaridad Digital es elaborado por FSC Inserta.

Menores con discapacidad, ¿menores derechos?
Blanca Abella / Madrid- 20/01/2012.

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Me quedé boquiabierto, ya en el 2012, se dice en un Texto: "Menores con discapacidad; ¿menores derechos?".

Y la verdad es que hay muchas Leyes, que te apabullan y sorprenden, si tratas de "bucear" en ellas, normalmente farragosas e incomprensibles para nosotros, legos en Materia Jurídica.

Supongo que cada uno de los Discapacitados, deberíamos tener un Abogado experto a nuestro lado, cada vez que intentáramos dar alguna solución legal a cualquier problema de la Vida Diaria.

Y si eres un Padre o una Madre que se enfrenta con cualquier problema que tengan sus hijos, por lo general topan con un ¡MURO!

Pero: ¿De verdad necesitamos de un Profesional cada vez que tengamos cualquier problema físico o derivado de nuestra Discapacidad en particular?...

¿Nuestros Organismos Oficiales (Centrales o de cada Comunidad Autónoma en particular), no son suficientes para nosotros?...

Imaginaos que pasaría entonces si no tuviéramos la Red de Organizaciones tipo ONCE por ejemplo, o CERMI, o tantas otras; O bien con el apoyo familiar o sociolaboral Y los cientos de Voluntarios.

Pues al parecer, la ONU sigue preocupada por la situación de la infancia en España.

Y otra pregunta: ¿Qué pasa con la Discapacidad con un Enfoque de Género, es decir, nuestras niñas y adolescentes?...

Rebuscando en mis Catacumbas, encontré este brillante Texto, del que he he extraído algunas ideas que comparto con todos vosotros...

Extracto de un Artículo mucho más amplio de la Publicación:

Generosidad (FUNDACION CERMI MUJERES en las redes sociales

Boletín digital informativo sobre género y discapacidad.

Titulado:

"La infancia con discapacidad desde un enfoque de género: un análisis pendiente"

Veamos lo que opina dicha Publicación...

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«La infancia con discapacidad desde un enfoque de género: un análisis pendiente

01/06/2016; Nº 14

Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia de 2008, en España viven 60.400 niños y niñas con alguna discapacidad.

- De 0 a 5 años De los que 36.400 son niños y 24.000 niñas.

- De 6 a 15 años la población infantil con discapacidad asciende a 78.300 niños y niñas, de los que 50.600 son niños y 27.000 niñas.

- De la población entre 16 a 18 años la Encuesta EDAD no ofrece datos.

El Comité de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la revisión realizada en el año 2011 al estado español, recomendó redoblar sus esfuerzos por promover y proteger los derechos de los niños y las niñas con discapacidad y emprender investigaciones sobre la violencia contra la infancia con discapacidad, adoptando medidas para erradicar esa violación de sus derechos.

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Otra recomendación se centró en la necesidad de adoptar políticas y programas que aseguren el derecho de los niños y niñas con discapacidad a expresar sus propias opiniones.

Sobre este particular el artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce explícitamente que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”, siendo, pues, uno de sus derechos básicos el que se les garantice la posibilidad real de participar efectivamente en la toma de decisiones que les afecten.”.

Para conseguirlo los niños y niñas con discapacidad tienen derecho “a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho”.

Asimismo se señaló la importancia de desarrollar políticas públicas coordinadas dotadas de recursos suficientes para garantizar un acceso integrador a servicios de asistencia que incluyan servicios terapéuticos, de rehabilitación y de habilitación prestados con conocimiento de causa, así como a unos cuidados que abarquen las necesidades en las esferas de la salud y de la educación y la necesidades psicosociales de los niños y niñas con discapacidad, en particular durante la primera infancia.

Asimismo, el Comité de seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño alienta al Estado español a que prosiga e intensifique sus esfuerzos de promoción y protección de los derechos de los niños y niñas con discapacidad, teniendo en cuenta la Observación general Nº 9 del Comité del año 2006, específica sobre los derechos de los niños y niñas con discapacidad.

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El II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013 - 2016 recoge en su objetivo nº 4, sobre Protección e Inclusión social, el deber de potenciar la atención e intervención social a la infancia y adolescencia en situación de riesgo, desprotección, discapacidad y/o en situación de exclusión social, estableciendo criterios compartidos de calidad y prácticas susceptibles de evaluación.

Por su parte la Estrategia Española de Discapacidad 2012–2020 recoge que la información estadística relativa a las niñas y niños y adolescentes de 0 a 18 años se ha de desagregar por sexo, edad, situación de discapacidad y hábitat. Además, se debe impulsar la detección precoz de las necesidades educativas especiales, o reducir la tasa de abandono escolar prematuro en esta población a un nivel inferior al 15%, entre otras.

"El marco legal y los planes y estrategias vigentes tienen en cuenta a la infancia con discapacidad, pero como suele ocurrir en estos casos, no existe un enfoque que tome en consideración la situación de desigualdad por razón de género, ni se ha realizado un diagnóstico de situación desde este enfoque"

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Si analizamos además cómo funciona el sistema educativo español en todo lo relacionado con la diversidad en su sentido más amplio, que incluiría una política educativa con enfoque de género, nos damos cuenta del enorme camino que aún queda por recorrer. Realizar este acercamiento a la realidad de la infancia con discapacidad en España desde un enfoque de género es además un imperativo.

El “2º Manifiesto de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y responsables políticos”, afirma categóricamente que “las mujeres y niñas con discapacidad siguen quedando al margen de todos los movimientos de derechos humanos”. Así, hay determinadas áreas que deben ser analizadas con un especial detenimiento, como por ejemplo, el tema de la violencia. El CERMI ha denunciado que la discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad en la sociedad patriarcal se traduce en una cultura de impunidad de la violencia.

El Informe de Unicef señala además que las niñas con discapacidad se enfrentan a particulares formas de violencia, como es la esterilización forzosa, que entra en colisión frontal con lo establecido en el artículo 23.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto que éste prohíbe la discriminación por razón de discapacidad, de manera que los niños y las niñas con discapacidad “mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás”.

Por su parte, el “2º Manifiesto de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad de la Unión Europea. Una herramienta para activistas y responsables políticos”, exige que “nunca se practique la esterilización forzosa o el aborto coercitivo. Si una mujer con discapacidad es incapaz de dar su consentimiento, el consentimiento de la familia o de la persona que represente a la niña o mujer con discapacidad (si se requiere por ser menor de edad o por una incapacitación judicial previa), debe basarse siempre en el respeto de los derechos humanos y la voluntad de la mujer o niña con discapacidad. Es responsabilidad también del personal médico garantizar que la mujer o niña con discapacidad sepa que la intervención médica llevará a la esterilización y conozca las consecuencias de este hecho para su futuro”.

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Finalmente y siguiendo el informe de Unicef, la falta de apoyo a las familias es otra cuestión pendiente en el mapa de políticas públicas. Se estima que en España hay 150.000 familias con un niño o una niña con discapacidad entre sus miembros. El Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017 incluye dentro de los colectivos familiares de atención prioritaria a las familias con personas con discapacidad.

En este sentido, las organizaciones sociales de la discapacidad han exigido siempre la puesta en marcha de medidas de apoyo a estas familias, ya que frecuentemente sus miembros tienen dificultades añadidas en los ámbitos educativos, laborales y sociales, y presentan mayores tasas de pobreza y exclusión social.

Este Plan reconoce un tratamiento fiscal favorable a las familias con niños y/o niñas con discapacidad, incluye también medidas específicas en materia de vivienda, mejora la prevención y detección desde los servicios sociales, sanitarios y educativos de las familias con un miembro con discapacidad o medidas para prevenir la violencia en las familias entre otras cuestiones, todas ellas positivamente valoradas.

Teniendo en cuenta que las principales cuidadoras de niños y niñas siguen siendo las mujeres, estas medidas de apoyo a las familias, redundarán favorablemente en ellas.».

Texto extractado del Informe de Generosidad (Boletín digital informativo sobre género y discapacidad).

Generosidad
(http://boletingenerosidad.cermi.es)

FUNDACION CERMI MUJERES en las redes sociales
Generosidad Nº14 - Junio 2016
Boletín digital informativo sobre género y discapacidad
La infancia con discapacidad desde un enfoque de género: un análisis pendiente
01/06/2016; Nº 14.

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Pues como dice la ONU, debemos preocuparnos por la situación Legal de la Infancia con Discapacidad en España; Pero no podemos negar el Gigantesco Trabajo de nuestras Organizaciones.

Se ha evolucionado mucho en estos años en España, ya que hemos pasado de "esconder" a los infantes con Discapacidad (Física o Intelectual), a su "Visibilidad" actual.

Si les apetece, lean mis Publicaciones en esta Red BW, de años anteriores, en el que he abordado la VISIBILIDAD que se ha conseguido en la actualidad.

Desearía que no se detuviera esta "EVOLUCION POSITIVA" y mantuviéramos el trabajo y explicar a la ONU que ya no debiera preocuparse por la Infancia con Discapacidad en España.

Con gran cariño, TifloFernando.

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La ONU ve con preocupación la situación de la infancia con discapacidad en España, aún muy lejos de la plenitud de derechos

13/02/2018; Nº 290

El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por la situación de la infancia con discapacidad en España, muy lejos de poder disfrutar en igualdad de condiciones de todos los derechos fundamentales, debido a la discriminación que estos menores siguen sufriendo todavía en diferentes ámbitos.

Esta es la principal conclusión que se extrae de las observaciones realizadas por parte de este organismo internacional, que el pasado mes de enero examinó al Estado español sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En su evaluación, la ONU ha tenido en cuenta los informes, consideraciones y propuestas efectuadas por el CERMI, que planteó los déficits y carencias que atenazan a la infancia con discapacidad.

Debido a la importancia transversal de la accesibilidad universal para alcanzar la plena igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, la ONU reclama a España agilizar el II Plan de Accesibilidad Nacional y garantizar su implementación para la inclusión de niños y niñas con discapacidad.

Uno de los aspectos en los que más incide la ONU es en el educativo, pidiendo a España la implementación por completo de un enfoque basado en los derechos humanos con la discapacidad que garantice el acceso igualitario a la educación inclusiva de calidad en las escuelas convencionales.

Esta observación está en línea con la exigencia del CERMI de que se termine con la escolarización en centros segregados.

Disparidad entre comunidades

En este sentido, la ONU pide que se adopten medidas exhaustivas para abordar las diferencias existentes entre comunidades autónomas en relación con la transformación a un sistema de educación inclusiva, asegurándose de que se da prioridad a la educación inclusiva sobre la ubicación de niños en instituciones y clases especializadas.

Además, para garantizar una educación inclusiva de calidad, el Comité de los Derechos del Niño insta al Estado parte a organizar la recopilación de datos sobre menores con discapacidad; aumentar los recursos en las escuelas para adaptarse a las necesidades de apoyo individual; proporcionar formación de calidad para el personal educativo para que puedan atender las demandas del alumnado con discapacidad, y que el alumnado con discapacidad pueda recibir formación y orientación sobre el mercado laboral.

El Comité pone también el foco en la incidencia del bullying en los estudiantes con discapacidad, tanto en el entorno escolar como a través de las redes sociales. Para ello, es necesario impulsar políticas y estrategias de prevención y rápida intervención ante situaciones de acoso.

Por otro lado, Naciones Unidas explica que se debe garantizar que los niños y niñas con discapacidad tengan acceso a la asistencia sanitaria, incluyendo programas de detección e intervención temprana, así como que la asistencia llegue también a las familias con menos recursos económicos.

En relación con el ocio y el tiempo libre, el Comité recuerda la relevancia de garantizar el derecho de los niños, incluyendo aquellos con discapacidad y los que están en situación de marginación, al descanso y el ocio; a participar en el juego y actividades recreativas que sean seguras, accesibles e inclusivas; que se pueda llegar a ellas mediante el transporte público, y que sean apropiadas a la edad.

En suma, el Comité insta al Estado parte a fortalecer medidas para evitar y combatir la discriminación contra niños y niñas en todos los sectores de la sociedad y asegurarse de la plena aplicación de las leyes vigentes pertinentes que prohíban la discriminación. También recomienda que se refuercen las campañas de educación pública para combatir la estigmatización y discriminación contra menores de minorías étnicas, incluyendo romaníes, de origen extranjero, solicitantes de asilo, refugiados y niños con discapacidad.

CERMI. Innovación social en discapacidad.

Texto tomado del Periódico:

cermi.essemanal

el periódico de la discapacidad

"3,8 millones de personas con discapacidad, más de 6.000 asociaciones luchando por sus derechos"

Actualidad
La ONU ve con preocupación la situación de la infancia con discapacidad en España, aún muy lejos de la plenitud de derechos
13/02/2018; Nº 290.

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