Texto publicado por Leandro Benítez

La absolución de un hombre que ha estado 15 años en prisión por un asesinato que no cometió es un claro recordatorio de la razón por la que Japón debe reformar su sistema de detención policial, ha declarado Amnistía Internacional el miércoles.
Govinda Prasad Mainali, trabajador migrante nepalí que ha defendido constantemente su inocencia, fue absuelto formalmente el miércoles por el Tribunal Superior de Tokio del asesinato de una mujer japonesa en marzo de 1997.
Tras ser detenido, Mainali no tuvo acceso a un abogado y fue sometido a palizas y patadas, y sujetado contra la pared por agentes de policía durante los interrogatorios.
Tras la vista judicial inicial, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que se le hubiera denegado el derecho a un juicio justo.
Además, los fiscales ocultaron pruebas vitales de ADN que habrían ayudado a su defensa y no revelaron la información hasta julio del año pasado.
“La absolución de Mainali pone de manifiesto no sólo la injusticia que ha sufrido, sino un sistema que, a menos que sea reformado, perpetuará las violaciones de las normas internacionales sobre imparcialidad procesal”, declaró Rajiv Narayan, investigador sobre Japón de Amnistía Internacional.
“Sencillamente no es aceptable que la policía tenga carta blanca durante los interrogatorios y que los detenidos sean torturados o sometidos a otros malos tratos y se les niegue el acceso a un abogado.”  
En Japón, los detenidos pueden estar sometidos al daiyo kangoku —sistema de prisiones sustitutivas— un máximo de 23 días sin cargos y con acceso limitado a un abogado.
Tanto Amnistía Internacional como la ONU han pedido en reiteradas ocasiones a Japón que revoque o reforme sustancialmente este sistema porque incumple las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas por Japón en virtud de los tratados de los que es parte.
No existen normas sobre la duración de los interrogatorios, que no se graban en su totalidad y a los que no pueden asistir los abogados.
Amnistía Internacional ha documentado el uso habitual de la tortura y de otros malos tratos en el sistema daiyo kangoku, que incluyen palizas, intimidación, privación de sueño y obligar a los detenidos a permanecer de pie o sentados en la misma postura durante largos periodos en los interrogatorios.
El sistema de justicia japonés se basa en gran medida en las “confesiones” obtenidas en estas condiciones.
“Hace tiempo que el gobierno japonés debía haber puesto fin a estos abusos para que el sistema de justicia merezca recibir ese nombre. Hacen falta reformas vitales para que los procedimientos sean compatibles con el derecho internacional de derechos humanos”, concluyó Rajiv Narayan.
Las reformas necesarias incluyen garantizar que los detenidos tienen acceso sin trabas a un abogado, también durante los interrogatorios, que todo el proceso de interrogatorios se somete a vigilancia electrónica, con grabaciones de sonido y vídeo para su uso en juicios penales y que los lugares de custodia son objeto de vigilancia.