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Refugiarse del frío de la crisis al calor de los paraísos. Esa parece ser la estrategia de las grandes empresas españolas del IBEX-35, cada vez más dispuestas a establecer filiales en territorios en los que no realizan actividades operativas,

, pero que les ofrecen ventajosas condiciones fiscales.
Si hace cuatro años eran 18 las firmas del IBEX que utilizaban este tipo de tácticas, el último informe anual del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa revela que ya lo hacen 30 de las 35 que componen el índice.

Estas prácticas de elusión fiscal no violan ninguna norma española o internacional, pero el director del estudio, Carlos Cordero, destaca que se producen en un contexto en el que los ciudadanos sufren recortes en salarios y en prestaciones sociales para reducir el déficit público, al tiempo que se les exige que aporten más a las arcas públicas. En el año 2010, los ciudadanos españoles entregaron a Hacienda el 11,5% de sus ingresos, mientras que las empresas del IBEX-35 aportaron el 9,9% de sus beneficios. El estudio señala además que ninguna de las firmas ofrece datos desglosados de los impuestos que pagan en cada uno de los países en los que están presentes.

¿Qué se considera un paraíso fiscal?
No existe consenso a nivel internacional para definir qué países son paraísos fiscales, si bien diversas instituciones han publicado sus propias listas de territorios. En España, el criterio es que estén incluidos en la lista del Real Decreto 1080/91, de 5 de julio. Originalmente, el decreto enumeraba 48 territorios, pero en 2003 fue modificado para precisar que se excluiría a aquellos países que firmasen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria. Tras una intensa actividad en los dos últimos años, la lista ha quedado sensiblemente reducida.

El alto ritmo de convenios firmados por España se enmarca en la persecución de los delitos fiscales, pero las empresas pueden evitar pagar sus impuestos en los países donde generan el beneficio sin por ello incumplir ningún precepto legal. Por ello, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa señala que el hecho de que se suscriban acuerdos sobre intercambio de información fiscal no puede considerarse suficiente como para quitar la condición de ‘paraíso’ a un país. El listado del ORSC incluye un total de 75 territorios y ha sido elaborado utilizando fuentes especializadas como las listas publicadas por la OCDE y la organización especializada Tax Justice Network, además del informe Hamon del Parlamento Europeo.

A modo de ejemplo, esas tres listas incluyen a Belice entre los paraísos fiscales, pero el país no aparece en el Real Decreto español. Es por ello que en su reciente declaración judicial, el que fuera secretario del Instituto Nóos, Miguel Tejeiro, señaló que no cometió ningún delito al crear una sociedad en ese pequeño Estado centroamericano cuando ejercía como contable de entidades gestionadas por Iñaki Urdangarín, el yerno del Rey de España. El informe del ORSC pone de manifiesto operaciones corrientes en el panorama empresarial español, como compraventas de fuel domiciliadas en Delaware o producciones de hidrocarburos de Ecuador domiciliadas en las Islas Caimán.

Las tiendas online, otra vía de evasión
El Observatorio alerta también del “agujero” que están creando las tiendas por Internet en lo que respecta a recaudación de impuestos debido a que las sociedades que se encargan de facturar las ventas “online” están ubicadas en territorios considerados paraísos fiscales. Esto provoca un impacto negativo en el volumen de dinero recaudado tanto a través del impuesto de sociedades como del IVA.

Desde el ORSC señalan que la elusión “legal” de impuestos seguirá aumentado mientras los gobernantes no pongan límites y las empresas sigan viendo con buenos ojos “las estrategias agresivas de optimización fiscal”.