Texto publicado por Urria Gorria

¿Cómo nos afecta la nueva Ley de Propiedad Intelectual?

Los puntos más polémicos de la reforma de la LPI que entra en el Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria
Por ANTONIO DELGADO
26 de febrero de 2014

El pasado viernes 14 de febrero, el Gobierno aprobó el texto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Se presentó de forma oficial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque algunos medios de comunicación han podido conseguir el texto a través de filtraciones, lo que ha servido para conocer las novedades que la reforma comporta respecto a la anterior ley, antes de su tramitación en el Congreso de los Diputados. Este artículo analiza algunos de los puntos más polémicos, y que más pueden afectar al consumidor, de esta reformulación parcial de la Ley de la Propiedad Intelectual.

Canon para los agregadores de contenidos

Uno de los apartados más controvertidos de la nueva Ley de la Propiedad Intelectual radica en una modificación del artículo 32, donde se extiende el derecho de cita y reseña existente en el mundo físico al entorno digital. De esta manera, se crea el denominado "derecho irrenunciable" a cobrar por la cita de "fragmentos poco significativos de contenido", realizados por servicios de prestación electrónicos de agregación de contenidos, como Google News, Yahoo News o Menéame.net, entre otros agregadores.

Este derecho da lugar a una retribución económica para los medios de comunicación en la Red que sean citados por los agregadores

En otras palabras, este derecho da lugar a una retribución económica para los medios de comunicación en la Red que sean citados por los agregadores. Estos cobros serán realizados por entidades de gestión, en este caso, CEDRO, la entidad de gestión de los derechos del mundo editorial español.

Sin embargo, esta medida ha causado una gran polémica en Internet debido a que, tal y como está redactada, no se limita a un problema de índole mercantil entre Google y los editores de prensa escrita, impulsores de la norma, sino que afecta a la propia naturaleza de la Red, que siempre ha utilizado la cita de fragmentos y enlaces para compartir y difundir información.

El redactado actual de la ley, tildado por la gran mayoría de analistas de "imperfecto", puede suponer el cierre de empresas locales como Menéame, el principal agregador español de contenidos de interés en Internet compartido por los usuarios. Pero podría perjudicar también a las actividades en España de Facebook y Twitter, ya que estas redes sociales se basan en gran medida en la cita y compartición de enlaces de noticias.

Lucha contra la piratería en la Red

Por otro lado, la nueva reforma de la LPI pretende retomar la lucha contra la piratería. Este apartado de la ley también se completará con la reforma del Código Penal que, entre otras medidas, contempla hasta seis años de cárcel a páginas web que infrinjan de forma reiterada los derechos sobre la propiedad intelectual de autores en territorio español.

Tras el fracaso de la ley Sinde, esta reforma quiere ampliar su campo de actuación contra las empresas de hosting de las webs de enlaces

Después del fracaso en la aplicación de la ley Sinde, esta reforma de la LPI pretende ampliar su campo de actuación contra los intermediarios, es decir, las empresas de hosting, publicidad y otras, en las que se apoyan las páginas de enlaces y descargas para sostener su presencia en la Red. Para este cometido, el proyecto de ley amplía las competencias de la llamada 'Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual', conocida también como "Comisión Sinde". Esta reforma incluye fuertes sanciones económicas para los intermediarios que no hagan caso a los requerimientos de retirada de servicios.

Otro punto controvertido es que la ley facilita la identificación de los usuarios infractores por la vía civil. Hasta ahora, solo en casos de delitos penales un juez podía exigir a los proveedores de acceso a Internet la identificación del titular de la línea detrás de una dirección IP. Esta limitación legislativa se debe a que la normativa de protección de datos establece que una dirección IP es un dato con carácter personal y que su revelación rompe el secreto de las comunicaciones. Pero esto puede cambiar con la nueva reforma.

Copia privada

El concepto de copia privada, es decir, una excepción de la Propiedad Intelectual que permite la copia personal de materiales sujetos a derechos de autor, se ha ido limitando a lo largo de las últimas reformas de la LPI. Además, la sentencia del "caso Padawan" modificó la forma de compensación del denominado canon digital. Esta reforma oficializa el abono de esta tasa a cargo a los Presupuestos Generales del Estado (en la actualidad, unos 5 millones de euros al año).

La copia de un CD prestado por un amigo ya no queda amparada por el concepto de derecho a la copia privada

Sin embargo, el concepto de canon se limita de nuevo, ya que se reduce solo a los casos en que la copia se ha realizado de un soporte físico (CD o DVD) adquirido de forma legal o bien a través de grabaciones de radio y televisión mediante dispositivos grabadores que dejan pausar una emisión para poder verla de nuevo en diferido.

Es decir, la copia de un CD prestado por un amigo, ya no queda amparado por el concepto de derecho a la copia privada.. Con ello, se abre la puerta a que el usuario pueda ser perseguido en un futuro, y multado, como ocurre en los Estados Unidos. De momento, la reforma plantea como máximo que se exija al usuario el pago por el material que ha descargado.

Entidades de gestión

La reforma aplica una mayor fiscalización y control de las entidades de gestión de derechos de autor

Otro de los aspectos más importantes de esta mueva ley es el referido al papel de las entidades de gestión. Después del conocido como "caso SGAE", donde se evidenció la falta de transparencia de este tipo de entidades denunciada en 2012 por un informe de la Comisión Nacional de la Competencia, la ley aplica una mayor fiscalización y control de las entidades.

También la creación de una ventanilla única para que el control de las operaciones de facturación y pago (tanto de las licencias de uso como de los acuerdos entre diferentes actores en litigio) se haga vía Administración. En el pasado, muchas grandes empresas, como las televisiones, han tenido problemas con las entidades de gestión, ya que después de pagar derechos de autor a una de ellas, otras han llegado a demandarles argumentando que no estaban recibiendo la compensación correspondiente por la distribución y explotación de obras sujetas a derechos de autor.

fuente: consumer eroski
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2014/02/26/219408.php#...

Colectivos de Internet y autores culturales firman un manifiesto contra la 'tasa Google' española

La declaración, de doce puntos, ha sido difundida por la llamada plataforma 'Canon AEDE', similar a la que en 2010 firmó el manifiesto contra la 'ley Sinde'. Piden la retirada del proyecto de ley e instan al Gobierno a que abra un diálogo con los sectores afectados; creen que la ley ataca numerosos derechos.

Declaración conjunta de la Red y los autores culturales #canonAEDE. Adigital: "La 'ley Lasalle' frena el desarrollo de Internet". Diez consideraciones de 20minutos sobre la 'tasa Google'.

20MINUTOS.ES. 26.02.2014 - 18:11h
La plataforma CanonAEDE, en la que participan algunos colectivos, asociaciones y usuarios que hace cuatro años suscribieron el denominado manifiesto "En defensa de los derechos fundamentales en Internet" contra la ley Sinde, ha difundido una declaración de doce puntos en la que censuran la llamada ley Lasalle de Propiedad Intelectual y piden su retirada.

Bajo la autoría de "la Red y los autores culturales", el texto denuncia que la reforma de la LPI, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, "recorta numerosos derechos, pone en peligro la cultura libre y cuestiona el funcionamiento de Internet. El rechazo al proyecto de ley, explica, ha sido "casi unánime" en casi todos los ámbitos.

La declaración difundida por Canon AEDE —que cuenta con un blog y perfiles en Facebook y Twitter— expresa, entre otras cosas, que la imposición de tasas o cánones, en este caso la "mal llamada tasa Google" que tendrían que pagar los agregadores a los editores de contenidos, no garantiza la salvaguarda de la propiedad intelectual. No se puede fomentar, apostilla, la sostenibilidad de solo una parte de los creadores.Asimismo, añade que la ley Lassalle colisiona con la Constitución, "ignora la declaración de los Derechos Humanos" y ataca directamente a "la neutralidad de la Red". Recuerda, además, que impone el copyright incluso a aquellos que hayan optado por el copyleft y pone en peligro las licencias Creative Commons; la recaudación, apunta también, acabará "en muy pocas manos".

La ley "criminaliza el enlace"

La declaración hace una defensa de los agregadores de noticias, blogs, redes sociales y buscadores porque "favorecen el libre acceso ciudadano a la información" y cree que la ley amenaza a profesiones como el Periodismo, en el que el derecho de cita es "la esencia". La ley Lassalle, dice, "criminaliza el enlace". El texto pide a AEDE —Asociación de Editores de Diarios Españoles— que reconsidere su posición y considera "un atentado contra la Educación" la puesta en marcha de una "tasa adicional para el conocimiento", que gestionará Cedro. También pone el acento en los cambios sobre el concepto de la copia privada y asegura que gravarla con un canon "equivale a imponer una multa preventiva a cada ciudadano ante un hipotético uso delictivo".

Creen que la ley amenaza a profesiones como el Periodismo, en el que el derecho de cita es "la esencia" Su postura, defiende el manifiesto, no significa defender el "todo gratis"; piden "un nuevo marco de protección" de la industria cultural que tenga en cuenta "las particularidades de la era digital". La reforma, explican, debería incluir un apoyo a nuevos modelos de negocio en Internet. Por último, vierten sus "sospechas" sobre la connivencia entre algunos lobbies y el Gobierno.La ley Lassalle, termina la declaración, "está abocada al fracaso", ya que contiene "innumerables ambigüedades e indefiniciones". La plataforma pide su retirada e insta al Ejecutivo a abrir un diálogo con todos los sectores afectados; al mismo tiempo, hacen un "llamamiento a toda la sociedad" para que muestre su rechazo al proyecto de ley y difunda su campaña.

La Asociación Española de la Economía Digital, en la que hay empresas como Google España, Facebook o Telefónica, también ha criticado la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que, en su opinión, "va en contra de la esencia de Internet". La asociación cree que la reforma deja "en situación de desventaja competitiva a las empresas españolas" y que "frena el desarrollo de Internet y de la Economía Digital". Consideran que esta nueva norma "nace obsoleta" y que genera "una discriminación en internet frente al mundo analógico", ya que convierte ein ilícitas unas prácticas que hasta ahora estaban reconocidas por la excepción de la copia privada.

20minutos publicó una serie de consideraciones sobre la 'tasa Google' apuntando que "ponerle puertas a Internet mediante tasas es una medida de incierto resultado" y advirtiendo de que "puede tener efectos colaterales indeseados". En este texto se recuerda que la 'tasa Google' solo se ha impulsado desde una parte del colectivo de los editores. 20minutos nació como el primer diario gratuito impreso en España y desde 2005 es el primer medio online de información general bajo licencia Creative Commons.

fuente: 20 minutos
http://www.20minutos.es/noticia/2070187/0/declaracion/canonaede/ley-lass...